La sentencia n.º 14952, de 13 de febrero de 2024, publicada el 11 de abril de 2024, representa una importante reflexión sobre el uso del testimonio en el ámbito penal, con especial atención a la posición del declarante. La Corte, presidida por G. S., ha establecido que el juez debe tener en cuenta el 'estatus' subjetivo del declarante, ya sea testigo o imputado de un delito conexo, en la valoración de la utilizabilidad de sus declaraciones.
La cuestión central se refiere a la capacidad del juez para evaluar la calidad de los testimonios. Según la Corte, es fundamental considerar posibles causas de justificación que puedan influir en la credibilidad del declarante. En este sentido, la sentencia se remite al Nuevo Código de Procedimiento Penal, en particular a los artículos 197 y 210, que tratan de la prueba testifical y de los derechos del investigado.
"Estatus' subjetivo del declarante - Condición de testigo o de imputado de delito conexo - Valoración del juez - Causa de justificación - Relevancia - Condiciones. A efectos de verificar la condición de testigo o de investigado de delito conexo del declarante y la consiguiente valoración de la utilizabilidad de sus declaraciones, el juez debe tener en cuenta posibles causas de justificación, cuando estas sean de evidente e inmediata aplicación, sin necesidad de particulares investigaciones o verificaciones."
La decisión de la Corte de Casación evidencia un enfoque pragmático en la valoración de los testimonios. La posibilidad de excluir la necesidad de investigaciones exhaustivas para constatar la relevancia de las causas de justificación representa un paso importante hacia una mayor eficiencia en el sistema judicial. A continuación, algunas consideraciones clave:
En conclusión, la sentencia n.º 14952 de 2024 ofrece importantes reflexiones sobre el papel del testimonio en el proceso penal. La consideración del 'estatus' subjetivo del declarante y la posibilidad de excluir la necesidad de investigaciones exhaustivas representan un enfoque innovador y pragmático, que puede contribuir a una mayor eficiencia del sistema judicial. Es fundamental que los profesionales del derecho tengan en cuenta estos principios en su actividad diaria, para garantizar una justicia más equitativa y rápida.