Afrontar el final de una unión civil es un momento delicado, cargado de implicaciones emocionales y jurídicas. Comprender sus derechos y el procedimiento correcto a seguir es el primer paso para gestionar esta transición con conocimiento y serenidad. La Ley n.º 76/2016, conocida como Ley Cirinnà, introdujo y reguló las uniones civiles en Italia, previendo también un camino específico para su disolución. Como abogado experto en derecho de familia en Milán, el abogado Marco Bianucci apoya a las parejas en este camino, garantizando que cada decisión se tome en pleno respeto de la ley y en protección de sus intereses.
A diferencia del matrimonio, la disolución de una unión civil sigue un procedimiento más ágil, ya que no está previsto un período de separación obligatoria. El proceso se inicia con una declaración formal y puede concluir a través de diversas modalidades, dependiendo de si existe acuerdo entre las parejas o no. El procedimiento se articula generalmente en dos fases principales: la manifestación de voluntad y la presentación de la solicitud de disolución propiamente dicha.
El primer paso formal consiste en la declaración, rendida incluso de forma separada por uno solo de los miembros de la pareja, ante el oficial del registro civil del municipio de residencia. Esta declaración expresa la intención de disolver la unión. El oficial del registro civil la registra y la comunica al otro miembro de la pareja. A partir de este momento, deben transcurrir al menos tres meses antes de poder proceder con la siguiente fase, un período pensado para permitir una posible reconciliación o para preparar la documentación necesaria.
Transcurridos los tres meses, es posible proceder con la disolución propiamente dicha, que puede realizarse según tres vías distintas. La elección depende principalmente del grado de acuerdo entre las parejas sobre la gestión de los aspectos patrimoniales y personales. Las opciones son: el recurso conjunto o judicial ante el Tribunal, la negociación asistida por abogados, o un acuerdo directo ante el oficial del registro civil, esta última opción solo es posible en ausencia de hijos menores o no autosuficientes y sin pactos de transferencia patrimonial.
El enfoque del abogado Marco Bianucci, abogado experto en derecho de familia en Milán, se basa en un análisis en profundidad de la situación específica de la pareja. El objetivo es identificar la estrategia más eficaz para proteger los derechos del cliente, con especial atención a los aspectos patrimoniales, como el eventual derecho a una pensión de mantenimiento y la asignación de la vivienda común. Ya sea que se persiga una solución consensuada a través de la negociación, o que se deba afrontar un proceso judicial, el despacho garantiza una asistencia legal clara, estratégica y orientada a alcanzar el mejor resultado posible, minimizando los tiempos y los conflictos.
Los plazos son generalmente más cortos que los del divorcio. Tras la declaración de voluntad ante el oficial del registro civil, deben transcurrir al menos tres meses. Posteriormente, la duración depende del procedimiento elegido: un acuerdo consensuado puede concluirse en pocas semanas, mientras que un procedimiento judicial contencioso puede requerir varios meses, dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo del Tribunal competente.
No, la Ley Cirinnà no prevé un período de separación legal para las uniones civiles. La disolución puede solicitarse directamente después de haber manifestado la voluntad de separarse y haber esperado el plazo de tres meses, lo que hace que el proceso sea significativamente más rápido que el previsto para el matrimonio.
Sí, la ley prevé la posibilidad de que la pareja económicamente más débil obtenga una pensión alimenticia, en caso de que no pueda proveer a su propio sustento. El juez evaluará diversos factores, como la duración de la unión, las condiciones económicas de las parejas, la contribución personal y económica dada por cada uno a la gestión de la vida en común y a la formación del patrimonio de cada uno o del común.
La asignación de la vivienda destinada a residencia común es decidida por el juez teniendo en cuenta principalmente el interés de los hijos, si los hay. En ausencia de hijos, el juez puede evaluar asignarla a la pareja que tenga mayor necesidad, considerando las respectivas condiciones económicas y la titularidad del inmueble. Los acuerdos entre las parejas, sin embargo, tienen siempre un papel prioritario.
Si está considerando la disolución de su unión civil y desea comprender plenamente las implicaciones legales y las opciones a su disposición, es fundamental recibir un asesoramiento legal cualificado. El Despacho de Abogados Bianucci en Milán ofrece consultas personalizadas para analizar su situación y definir la estrategia más adecuada para proteger sus derechos. Contacte al despacho para concertar una cita y recibir una asistencia legal específica y competente.