La reciente sentencia n.º 20899 del 24 de febrero de 2023, registrada el 16 de mayo de 2023, ofrece puntos de vista significativos sobre la cuestión de la restitución en el plazo para recurrir, según lo establecido en el artículo 175, apartado 2.1, del código de procedimiento penal, modificado por el decreto legislativo n.º 150 de 2022. Esta decisión del Tribunal de Casación, presidida por el juez L. I. y con M. M. como ponente, aclara la aplicabilidad de esta norma y sus límites temporales.
La disposición en cuestión establece que la solicitud de restitución en el plazo para interponer recurso solo es válida para las sentencias dictadas después de la entrada en vigor del decreto legislativo n.º 150 de 2022. Esto significa que los recursos relativos a sentencias emitidas antes de esa fecha no pueden acogerse a esta normativa innovadora.
Solicitud de restitución en el plazo para recurrir ex artículo 175, apartado 2.1, del código de procedimiento penal, según modificado por el decreto legislativo n.º 150 de 2022 - Aplicabilidad - Límites temporales. En materia de restitución en el plazo para interponer recurso, la disposición del artículo 175, apartado 2.1, del código de procedimiento penal, según modificado por el decreto legislativo 10 de octubre de 2022, n.º 150, se aplica únicamente a los recursos interpuestos contra sentencias dictadas en fecha posterior a la entrada en vigor de dicho decreto.
Esta máxima es fundamental, ya que aclara que la aplicación de la nueva disposición está restringida y no es retroactiva. Esta precisión es crucial para los abogados y sus clientes, quienes deben prestar atención a las fechas de emisión de las sentencias contra las que se pretende recurrir.
La sentencia n.º 20899 representa una importante aclaración en materia de restitución en el plazo para recurrir, destacando cómo las modificaciones normativas introducidas por el decreto legislativo n.º 150 de 2022 no se extienden retroactivamente. Este aspecto debe ser tenido en cuenta por todos los operadores jurídicos, a fin de poder evaluar correctamente las posibilidades de recurso y las estrategias legales a adoptar. El conocimiento de estas disposiciones es esencial para garantizar una correcta tutela de los derechos de sus representados.