La sentencia n.º 27722 del 28 de abril de 2023, emitida por la Corte de Casación, representa un importante punto de referencia para la jurisprudencia en materia de asociación mafiosa y concurso externo. En particular, el caso en cuestión involucra a un abogado acusado de haber proporcionado asistencia legal a un miembro de una organización mafiosa, contribuyendo de manera significativa a sus operaciones. Esta decisión reaviva el debate sobre el papel de los profesionales legales en el contexto de la criminalidad organizada y sobre la frontera entre actividad lícita e ilícita.
El concurso externo en asociación mafiosa, tal como se describe en la sentencia, se refiere a la conducta de quien, sin ser parte integrante del sodalicio criminal, proporciona un aporte que contribuye a mantener o fortalecer las capacidades operativas de la asociación. En este contexto, la Corte ha establecido que la actividad de asesoramiento profesional realizada por el abogado fue idónea para facilitar el programa criminal de la asociación mafiosa.
En tema de asociación de tipo mafioso, integra la conducta de "concurso externo" la actividad del profesional que proporcione un concreto, específico y voluntario aporte idóneo a conservar o a fortalecer las capacidades operativas del sodalicio, en la conciencia de favorecer, de este modo, la realización de su programa criminal. (Supuesto en el que la Corte ha considerado la existencia del delito en contra de un abogado que, con el fin de prevenir la adopción de medidas de incautación a cargo de un exponente de la cúpula de una asociación mafiosa en relación con un inmueble del que era propietario de hecho, adquiría la propiedad formal con un contrato de compraventa y, el mismo día, lo revendía al hermano del jefe mafioso).
La sentencia tiene importantes implicaciones para el mundo legal. Subraya cómo el asesoramiento legal no puede considerarse una actividad neutral, sino que debe analizarse en el contexto del efecto que produce en las dinámicas criminales. Los abogados, en cuanto profesionales, tienen la responsabilidad de operar de manera que no faciliten actividades ilícitas, sino que, por el contrario, contribuyan al respeto de la ley. Esto plantea interrogantes sobre la necesidad de una mayor vigilancia y formación ética para los profesionales del derecho.
La sentencia n.º 27722 de 2023 representa una advertencia para todos los profesionales legales: su función debe ejercerse en el respeto de la ley, evitando proporcionar apoyo a organizaciones mafiosas, incluso involuntariamente. En un contexto en el que la criminalidad organizada continúa representando una amenaza para la sociedad, es fundamental que los abogados y los profesionales del sector legal sean conscientes de su papel y de las consecuencias de sus acciones.