La sentencia n.º 23167 del 27 de agosto de 2024 representa un importante avance en la protección de los derechos de los contribuyentes en materia de imposición de sanciones tributarias. En esta decisión, la Corte ha aclarado que la motivación del acto de sanción debe tener en cuenta las alegaciones defensivas presentadas por el contribuyente durante la fase endoprocedimental. Este principio se fundamenta en reglas de garantía previstas en la normativa italiana y en la jurisprudencia europea.
La Corte, presidida por E. L. Bruschetta y con ponente F. Federici, ha analizado el caso de un contribuyente, A., opuesto a la Abogacía General del Estado. En particular, la sentencia subraya la importancia de la motivación reforzada para el acto de imposición de sanciones. Este concepto está respaldado por el artículo 16, apartado 7, del Decreto Legislativo de 18 de diciembre de 1997, n.º 472, y por el artículo 7 de la Ley de 27 de julio de 2000, n.º 212, que establecen que la oficina debe explicar por qué las razones defensivas del contribuyente han sido desestimadas.
Imposición de sanciones administrativas tributarias - Alegaciones defensivas del contribuyente en la fase endoprocedimental - Acto de contestación - Motivación reforzada - Necesidad - Fundamento. La motivación del acto de imposición de sanciones tributarias debe tener en cuenta también las alegaciones defensivas articuladas por el contribuyente en la fase endoprocedimental, tratándose de una regla de garantía, que se traduce en la obligación de la Hacienda Pública de proceder a la aplicación de sanciones solo mediante un acto dotado de motivación reforzada y, por lo tanto, no se concreta únicamente en dar cuenta de las razones defensivas del destinatario del acto sancionador, sino en la obligación de la oficina de explicar el motivo por el cual esas razones han sido desestimadas.
La sentencia n.º 23167 de 2024 tiene importantes implicaciones para los contribuyentes y para la administración financiera. En particular, esta:
En conclusión, la sentencia n.º 23167 de 2024 representa un significativo avance en la protección de los derechos de los contribuyentes. La obligación de motivación reforzada no solo garantiza una mayor protección para los contribuyentes, sino que también promueve una administración fiscal más equitativa y responsable. Es fundamental que los contribuyentes sean conscientes de sus derechos y que puedan hacer valer sus razones en caso de contestaciones, para que puedan afrontar el sistema fiscal con mayor seguridad.