La introducción de la normativa conocida como Código Rojo (Ley n.º 69/2019) ha endurecido significativamente la respuesta del Estado a los delitos de violencia doméstica y de género. En este contexto, uno de los supuestos más delicados es la violación de las medidas de alejamiento del hogar familiar y de la prohibición de acercarse a los lugares frecuentados por la víctima, regulada por el artículo 387-bis del Código Penal. Como abogado experto en derecho penal en Milán, el Abog. Marco Bianucci observa a diario cómo la gestión de estas acusaciones requiere una competencia técnica específica y una intervención inmediata.
El delito se configura cuando un sujeto, ya destinatario de una medida cautelar coercitiva (como el alejamiento o la prohibición de acercamiento), transgrede las prescripciones impuestas por el juez. La norma tiene como objetivo tutelar la integridad física y psicológica de la víctima, castigando la simple inobservancia de la orden, independientemente de que se produzcan nuevos actos de violencia. Es fundamental comprender que, en el clima jurídico actual, las autoridades proceden con extremo rigor, y la violación puede llevar a la agravación inmediata de la medida cautelar, hasta la custodia en prisión.
Abordar un procedimiento por violación del artículo 387-bis c.p. requiere una estrategia defensiva lúcida y sin improvisaciones. El enfoque del Abog. Marco Bianucci, abogado experto en derecho penal en Milán, se basa en un análisis riguroso de los elementos objetivos y subjetivos del hecho imputado. No todo contacto constituye automáticamente delito: es necesario evaluar si ha existido voluntariedad (dolo) en la violación o si el encuentro ha sido fortuito e inevitable.
El Despacho de Abogados Bianucci trabaja para verificar la legitimidad de la medida original y las modalidades exactas de la presunta violación. A menudo, de hecho, se dan situaciones ambiguas, como encuentros casuales en lugares públicos o intentos de comunicación por cuestiones urgentes (por ejemplo, relacionadas con hijos menores) que, aunque imprudentes, podrían no integrar la voluntad criminal requerida por la norma. La defensa se centra también en la recopilación de pruebas documentales y testificales para demostrar la ausencia de peligrosidad social o la no existencia del hecho, con el objetivo de evitar el endurecimiento de las medidas cautelares y proteger la libertad personal del asistido, respetando las garantías procesales.
La violación de la orden de alejamiento o de la prohibición de acercamiento se castiga con la reclusión de seis meses a tres años. Además, la consecuencia procesal más inmediata es a menudo la solicitud del Fiscal de agravar la medida cautelar en curso, que puede ser sustituida por el arresto domiciliario o la custodia cautelar en prisión.
Sí, y es un error muy común. La prohibición de acercamiento es una orden impuesta por el juez, no una decisión privada de la víctima. El consentimiento de la víctima no tiene valor exculpatorio: hasta que el juez no revoque formalmente la medida, acercarse constituye delito, aunque se nos invite.
Si el encuentro con la persona protegida ocurre casualmente en un lugar público, la obligación es la de alejarse inmediatamente. Desde el punto de vista de un abogado experto en derecho penal, es crucial demostrar que no ha existido ninguna intención de buscar el contacto o de intimidar a la víctima. Permanecer en el lugar podría interpretarse como una violación dolosa.
El derecho de visita a los hijos debe ejercerse rigurosamente según las modalidades establecidas por el juez, que generalmente prevé encuentros protegidos o la intermediación de los servicios sociales para evitar contactos directos con la víctima. Violar estas modalidades para ver a los hijos expone al riesgo de denuncia por inobservancia de la medida.
Si ha sido acusado de violar una orden de protección o teme que su situación actual pueda degenerar en un procedimiento penal, es esencial actuar de inmediato. Póngase en contacto con el Abog. Marco Bianucci para una consulta en el despacho de Milán en Via Alberto da Giussano, 26. Una defensa inmediata es fundamental para proteger su libertad y gestionar correctamente las implicaciones del Código Rojo.