La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Casación, n. 44742 de 2024, ofrece importantes reflexiones sobre la responsabilidad de los administradores en caso de quiebra fraudulenta. En particular, el caso en cuestión se refiere a A. A., ex administrador de Macor Srl, condenado por quiebra fraudulenta patrimonial y documental. El Tribunal, acogiendo parcialmente el recurso, anuló la sentencia de la Corte de Apelación de Roma en lo que respecta a la quiebra patrimonial, destacando algunas deficiencias en la motivación de los jueces de instancia.
El recurso de A. A. se basa en cuatro motivos principales. Los dos primeros motivos impugnan la valoración de la quiebra patrimonial, subrayando que la distracción de los bienes se habría deducido solo de datos contables sin prueba concreta de la sustracción efectiva de bienes. El Tribunal reconoció la validez de estas objeciones, afirmando que la quiebra patrimonial no puede entenderse exclusivamente a través del dato contable, sino que debe estar respaldada por pruebas concretas de la sustracción patrimonial.
La quiebra fraudulenta patrimonial se materializa en la lesión del interés de los acreedores a la conservación de la integridad patrimonial del empresario.
La sentencia pone de relieve la necesidad de una correcta y completa documentación contable por parte de los administradores. De hecho, el Tribunal destacó que la imposibilidad de reconstruir la situación patrimonial de una sociedad, debido a una mala tenencia de la documentación contable, integra el delito de quiebra documental. Este aspecto es crucial, ya que refleja la obligación de los administradores de garantizar transparencia y claridad en la gestión de las sociedades.
En conclusión, la sentencia Cas. pen., n. 44742 de 2024, representa un importante punto de referencia para la jurisprudencia en materia de quiebra fraudulenta. Subraya la necesidad de una gestión patrimonial y contable precisa por parte de los administradores, destacando cómo la simple presencia de datos contables no puede justificar la ausencia de pruebas concretas sobre la sustracción de bienes. Esta sentencia ofrece, por tanto, útiles reflexiones tanto para los profesionales del sector legal como para los empresarios, subrayando la importancia de una correcta gestión empresarial para evitar consecuencias legales significativas.