La sentencia n.º 24709 del 11 de enero de 2023 del Tribunal de Casación representa un importante punto de referencia en materia de medidas de prevención y confisca. La decisión se enmarca dentro de un complejo marco normativo, en el que el Tribunal Constitucional ya ha proporcionado aclaraciones significativas con su sentencia n.º 24 de 2019. Este artículo pretende analizar los contenidos de dicha sentencia y sus efectos sobre los procedimientos de confisca, haciendo accesible a todos un tema de relevante interés jurídico.
El Tribunal Constitucional, con la sentencia n.º 24 de 2019, declaró infundada una cuestión de legitimidad constitucional relativa al art. 1, apartado 1, letra b), del d.lgs. 6 de septiembre de 2011, n.º 159. Esta resolución tuvo un impacto directo en la gestión de las medidas de prevención, en particular en el procedimiento de confisca. El Tribunal destacó que las indicaciones interpretativas proporcionadas no permiten la revocación de los procedimientos de confisca ya dispuestos, incluso cuando estos se basan en normas afectadas por ilegitimidad constitucional.
Confisca - Sentencia interpretativa de rechazo del Tribunal Constitucional n.º 24 de 2019 – Efectos respecto a los procedimientos definitivos de confisca - Aplicabilidad - Límites - Supuesto de hecho. En materia de medidas de prevención, la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 24 de 2019 que declaró, entre otras cosas, la infundabilidad de la cuestión planteada en relación con el art. 1, apartado 1, letra b), d.lgs. 6 de septiembre de 2011, proporcionando indicaciones interpretativas que excluyen el vicio de inconstitucionalidad, no permite la revocación del procedimiento de confisca que encuentra justificación en dicha norma. (Supuesto de hecho en el que se rechazó la solicitud de revocación de la confisca dispuesta a raíz de la clasificación del propuesto tanto en la categoría de que trata el art. 1, apartado 1, letra a) d.lgs. 6 de septiembre de 2011, n.º 159, afectada por la declaración de inconstitucionalidad, como en la de que trata la letra b).
En la sentencia n.º 24709 de 2023, el Tribunal de Casación rechazó la solicitud de revocación de un procedimiento de confisca, confirmando la aplicabilidad de las disposiciones vigentes a pesar de los problemas de legitimidad planteados en el pasado. Este enfoque está en línea con los principios de legalidad y certeza jurídica, garantizando que los procedimientos de confisca no puedan ser revocados sin un adecuado fundamento jurídico.
En conclusión, la sentencia n.º 24709 de 2023 y la referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 24 de 2019 subrayan la estabilidad y la seguridad jurídica en materia de medidas de prevención y confisca. El Tribunal de Casación, al confirmar la validez de los procedimientos de confisca, contribuye a crear un marco normativo más claro y previsible, fundamental para la lucha contra la criminalidad y para la protección de la seguridad pública. Es esencial seguir monitorizando cómo estas decisiones influirán en el futuro de la jurisprudencia en la materia.