La reciente ordenanza de la Corte de Casación, n.º 9138 del 5 de abril de 2024, ofrece importantes puntos de reflexión sobre el tema del whistleblowing y la protección de los denunciantes. En este artículo, intentaremos desglosar los principales elementos de la sentencia, aclarando las implicaciones legales y prácticas para los trabajadores y las organizaciones involucradas.
El whistleblowing, es decir, la denuncia de ilícitos por parte de empleados públicos o privados, se rige en Italia principalmente por el decreto legislativo n.º 165 de 2001 y la ley n.º 179 de 2017. Estas normativas tienen como objetivo proteger a los denunciantes de posibles represalias, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la integridad en la administración pública.
En el caso específico, un trabajador había presentado una denuncia a la Autoridad Nacional Anticorrupción, exponiendo hechos cubiertos por secreto empresarial. Sin embargo, posteriormente, comunicó de forma anónima a un órgano de prensa los detalles de la denuncia. La Corte consideró que dicho comportamiento excedía las modalidades previstas para la protección del denunciante, excluyendo por lo tanto el derecho a la protección.
Denuncia ex art. 54-bis d.lgs. n.º 165 de 2001 ratione temporis aplicable (el llamado "whistleblowing") - Denuncia presentada a la Autoridad Nacional Anticorrupción - Su comunicación anónima a órganos de prensa - Modalidades que exceden la finalidad de la eliminación del ilícito - Configurabilidad de la figura del art. 3, comma 3, l. n.º 179 de 2017, ratione temporis aplicable - Ponderación en concreto con el derecho a la libertad de expresión y de crítica - Derecho a la protección del denunciante - Exclusión - Supuesto de hecho. En materia de denuncia de conductas ilícitas según el art. 54-bis d.lgs. n.º 165 de 2001 (ratione temporis aplicable), la comunicación anónima a órganos de prensa de la denuncia presentada a la Autoridad Nacional Anticorrupción de hechos objeto de secreto empresarial, profesional o de oficio, entra en la previsión expresa del art. 3, comma 3, de la l. n.º 179 de 2017 (ratione temporis aplicable), por lo que su revelación con modalidades que exceden la finalidad de la eliminación del ilícito excluye el derecho a la protección del denunciante según una ponderación de intereses a realizar en concreto con el derecho a la libertad de expresión y de crítica. (En el caso de especie, la S.C. confirmó la sentencia de mérito que había afirmado la fundatez del cargo disciplinario imputado a un trabajador por haber puesto a disposición de un periodista los contenidos de una denuncia, presentada en calidad de whistleblower a la Autoridad Nacional Anticorrupción, de hechos cubiertos por secreto empresarial, cuya revelación se constató haber ocurrido fuera del canal de comunicación específicamente dispuesto con la finalidad de la eliminación del ilícito objeto de denuncia).
La sentencia n.º 9138 de 2024 subraya la importancia de respetar los canales oficiales de denuncia para garantizar la protección de los denunciantes. Cuando el comportamiento del whistleblower excede las modalidades previstas por la ley, como en el caso de comunicaciones a órganos de prensa, se corre el riesgo de comprometer no solo su propia protección, sino también la credibilidad de las denuncias mismas. Es fundamental que los trabajadores sean conscientes de estos límites, para tutelar sus derechos y contribuir eficazmente a la lucha contra la corrupción y los ilícitos.