La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Casación, n. 30720 del 26 de julio de 2024, aborda un tema crucial en el derecho penal, es decir, la suspensión condicional de la pena en relación con delitos de violencia doméstica. En particular, el caso en cuestión se refiere al recurso de un acusado, A.A., contra la sentencia del Juez de Instrucción de Bolonia, que había aplicado una pena de dos años de reclusión con la obligación de participar en un curso de recuperación. La decisión de la Casación ofrece importantes reflexiones sobre cómo el sistema jurídico italiano gestiona la reeducación de los condenados y la protección de las víctimas.
El Tribunal reiteró que, en caso de condena por delitos de violencia doméstica, la suspensión condicional de la pena está legalmente subordinada a la participación en programas de recuperación específicos. Este enfoque, introducido por la ley 19 de julio de 2019, n. 69, tiene como objetivo prevenir la reincidencia y garantizar un apoyo concreto a los autores de delitos de violencia. La sentencia es clara al subrayar que la obligación de participar en dichos cursos tiene una función especial-preventiva, distinta de otras formas de reparación.
En materia de sentencia de aplicación de la pena relativa al delito de que trata el art. 572 del Código Penal, no existe el vicio de falta de correlación entre la solicitud y la sentencia en el caso en que el juez conceda el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Un aspecto central de la decisión es la cuestión de la previsibilidad de las condiciones impuestas. La Casación aclaró que, en caso de aplicación de la suspensión condicional de la pena, la condición de participación en un curso de recuperación es en sí misma obligatoria por ley. Esto implica que no es necesario especificar las modalidades de aplicación, las cuales pueden ser definidas por el juez de ejecución. Por lo tanto, la decisión del juez no altera el acuerdo entre las partes, ya que la condición está automáticamente prevista por la norma.
La sentencia n. 30720 de 2024 de la Casación representa una importante afirmación del principio según el cual la reeducación de los autores de delitos de violencia doméstica debe ser un objetivo primordial del sistema penal. La ley italiana, a través del art. 165, párrafo quinto, del Código Penal, establece claramente que la eficacia de la suspensión condicional de la pena está ligada a programas de recuperación, destacando la importancia de la prevención y la protección de las víctimas. Este enfoque no solo tiene como objetivo garantizar la seguridad social, sino que también ofrece una oportunidad de reinserción para los condenados, contribuyendo así a una sociedad más justa y segura.