La reciente sentencia n.º 23926, de 6 de abril de 2023, depositada el 31 de mayo de 2023, ha suscitado un notable interés en el ámbito del derecho penal, en particular en lo que respecta a las medidas de prevención. Esta resolución, emitida por la Corte de Casación, ofrece importantes aclaraciones sobre el inicio del plazo de reevaluación de la peligrosidad social para los sujetos sometidos a medidas de prevención, estableciendo que el plazo de dos años se computa a partir de la emisión del auto que aplica la medida y no de su notificación.
El marco normativo de referencia está representado por el Decreto Legislativo n.º 159 de 2011, que regula las medidas de prevención personales. En particular, el artículo 14, apartado 2-ter, establece las modalidades de reevaluación de la peligrosidad social del propuesto, un aspecto crucial para la gestión de las medidas de prevención. La sentencia en cuestión aclara cómo dicha reevaluación debe seguir plazos específicos, influyendo directamente en la vida del sujeto interesado.
Propuesto sometido a detención en cumplimiento de pena - Reevaluación de la peligrosidad social ex art. 14, apartado 2-ter, d.lgs. n.º 159 de 2011 - Inicio del plazo de dos años – Desde la emisión del auto que aplica la medida de prevención – Procedencia. En materia de medidas de prevención personales, el plazo de dos años indicado por el art. 14, apartado 2-ter, d.lgs. 6 de septiembre de 2011, n.º 159, para la reevaluación de la peligrosidad social del propuesto tras la cesación de la medida de detención, se computa a partir de la emisión del auto que aplica la medida de prevención y no de su notificación.
La decisión de la Corte de Casación ofrece importantes reflexiones para los profesionales del sector legal y para los propios sujetos sometidos a medidas de prevención. Entre las implicaciones principales podemos enumerar:
En conclusión, la sentencia n.º 23926 de 2023 marca un paso importante en la jurisprudencia italiana relativa a las medidas de prevención. No solo aclara los plazos de reevaluación de la peligrosidad social, sino que también ofrece una mayor protección a los derechos de los sujetos implicados. Es fundamental que los profesionales del derecho se mantengan actualizados sobre estas evoluciones para garantizar una correcta aplicación de las normas y tutelar eficazmente a sus asistidos.