La reciente ordenanza n.º 11248, emitida el 26 de abril de 2024, por la Corte de Casación, ofrece importantes reflexiones sobre la determinación de los honorarios de los abogados en las controversias administrativas relativas a contratos públicos. En particular, la Corte ha establecido que tales controversias no deben considerarse como causas de valor indeterminable, sino que deben tener en cuenta los efectos patrimoniales efectivos.
La cuestión de los honorarios profesionales está regulada por el decreto ministerial n.º 55 de 2014, integrado por el d.m. n.º 147 de 2022. En este contexto, el artículo 5, apartado 3, desempeña un papel crucial. Establece que, para las controversias administrativas en materia de contratos públicos, es fundamental considerar el valor del beneficio o los beneficios esperados por el adjudicatario o el sujeto excluido.
Controversias administrativas en materia de contratos públicos de adjudicación de obras y servicios - Determinación de los honorarios de abogado - Art. 5, apartado 3, d.m. n.º 55 de 2014, como integrado por el d.m. n.º 147 de 2022 - Escala relativa a las causas de valor indeterminable - Aplicabilidad - Exclusión - Efectos patrimoniales del litigio - Relevancia. En tema de determinación de los honorarios de abogado, las controversias administrativas en materia de contratos públicos de adjudicación de obras y servicios no deben considerarse como causas de valor indeterminable, ya que el art. 5, apartado 3, del d.m. n.º 55 de 2014, como integrado por el d.m. n.º 147 de 2022, reconoce expresa relevancia a los efectos patrimoniales del litigio, referidos al valor del beneficio efectivo o a los beneficios esperados por el adjudicatario o el sujeto excluido.
La decisión de la Corte de Casación aclara que las controversias administrativas sobre contratos públicos no pueden tratarse como causas de valor indeterminable. Esta puntualización tiene un impacto significativo no solo para los abogados, sino también para los clientes, ya que el valor de la causa se vuelve determinante para la fijación de los honorarios. Además, esto implica una mayor transparencia y responsabilidad en la determinación de las remuneraciones.
En conclusión, la ordenanza n.º 11248 de 2024 marca un paso importante en la regulación de los honorarios de los abogados en el ámbito administrativo. Subraya la necesidad de considerar el valor patrimonial de las controversias sobre contratos públicos e invita a los operadores del derecho a reducir cualquier ambigüedad en la determinación de sus prestaciones profesionales. Este desarrollo representa un punto de partida para una mayor claridad y profesionalidad en el campo legal.